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Responsabilidad ambiental en América Latina: una perspectiva comparada

Por Natalia Álvarez y Sara Yara
26 de febrero de 2026 | Publicado en Primerus.

Adquirir un predio o una operación en América Latina sin un diagnóstico ambiental profundo puede significar heredar deudas que no figuran en los libros contables y que no se extinguen con la firma de un contrato.

Natalia Álvarez Lozano, directora del área Ambiental junto a Sara Yara, abogada de la misma área, analizan en su artículo publicado en Primerus cómo el marco legal de la región ha evolucionado hacia una responsabilidad mucho más estricta. Este texto ofrece una guía técnica sobre las diferencias entre las sanciones administrativas y las reparaciones civiles, permitiendo a los inversionistas comprender los riesgos reales de sus actividades. Le invitamos a profundizar en este análisis para asegurar que sus transacciones transfronterizas cuenten con una protección jurídica sólida.

Ideas clave del análisis

  • El principio de "quien contamina paga" es el eje de la regulación en la región, obligando a los responsables a asumir los costos de restauración del entorno.
  • La responsabilidad ambiental es, en muchos casos, objetiva; es decir, no se requiere demostrar dolo o culpa para que una empresa sea obligada a responder por un daño.
  • La distinción entre la responsabilidad administrativa (frente al Estado) y la civil (frente a particulares) determina el tipo de defensa y las consecuencias financieras para el inversionista.
  • La debida diligencia ambiental es la única herramienta técnica capaz de identificar pasivos ocultos antes de formalizar cualquier adquisición de activos.

¿Qué implica el principio de responsabilidad objetiva en los proyectos de la región?

En gran parte de América Latina, la ley establece que el simple ejercicio de una actividad que genere un impacto ambiental es suficiente para que una empresa deba responder ante cualquier daño. Esto se conoce como responsabilidad objetiva, donde no importa si la organización actuó con diligencia o bajo estándares técnicos; basta con que se produzca la afectación para que surja la obligación de reparar. Para el inversionista, esto significa que la gestión del riesgo debe ser preventiva y constante, ya que las sanciones pueden recaer sobre el titular actual de la operación, independientemente de quién causó el daño originalmente.

¿Cuál es la diferencia técnica entre la responsabilidad administrativa y la civil?

Es fundamental entender que una empresa puede enfrentarse a dos procesos simultáneos por un mismo hecho ambiental. La responsabilidad administrativa se genera frente a las autoridades ambientales y se puede traducir en multas, cierres o suspensiones de actividades. Por otro lado, la responsabilidad civil surge cuando la actividad afecta derechos de terceros, lo que obliga a la reparación económica de los perjuicios causados a particulares. Ambos procesos tienen naturalezas distintas y exigen estrategias de defensa diferenciadas para evitar que el impacto financiero comprometa la estabilidad de la operación.

¿Cómo puede un inversionista mitigar el riesgo de heredar pasivos ambientales?

La seguridad jurídica en las transacciones de activos o terrenos depende estrictamente de los procesos de debida diligencia. Estos análisis técnico - jurídicos permiten detectar suelos contaminados, vertimientos irregulares o incumplimientos normativos que podrían derivar en una determinación de responsabilidad. Al identificar estas situaciones previo a la materialización de la transacción, los profesionales del derecho pueden estructurar cláusulas de indemnidad y garantías que protejan al comprador de responsabilidades por hechos ocurridos antes de la transferencia. Sin esta previsión, el nuevo propietario asume el riesgo de responder por daños históricos que no fueron debidamente detectados.

La globalización de los estándares ambientales exige que los inversionistas miren más allá de las fronteras locales y comprendan la complejidad regulatoria de cada jurisdicción. Ignorar la profundidad de la responsabilidad ambiental en la región no solo expone al patrimonio a multas severas, sino que pone en riesgo la reputación corporativa a largo plazo. Para conocer los detalles comparativos entre los países de la región y las estrategias de mitigación recomendadas, le sugerimos consultar el artículo original en este enlace.

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