Minvivienda publica decreto sobre política de gestión comunitaria del agua y saneamiento básico para comentarios

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) presentó recientemente el proyecto de decreto que reglamenta la Política de Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento Básico (PGCASB), en cumplimiento del artículo 274 de la Ley 2294 de 2023. Esta propuesta busca establecer un marco jurídico e institucional para reconocer, apoyar y fortalecer a las comunidades organizadas que gestionan el acceso al agua y al saneamiento básico, especialmente en zonas donde no existe cobertura formal por parte de empresas o entidades estatales, y que, durante décadas, han garantizado por sí mismas el acceso al agua en territorios donde el Estado o las empresas no han llegado. 

Entre los principios que orientan el proyecto de decreto se destacan la universalidad del derecho al agua y saneamiento, la autonomía comunitaria, el trato diferencial según el contexto territorial, la sostenibilidad de los modelos de gestión, y la participación activa de las comunidades en los procesos de planeación y toma de decisiones. Por lo tanto, define como Gestores Comunitarios del Agua y Saneamiento Básico (GrCASB) a aquellas organizaciones sin ánimo de lucro, como asociaciones, cooperativas, juntas de acción comunal o figuras propias de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, que prestan o administran estos servicios de forma solidaria y participativa. Además, propone la creación de la Mesa Nacional de Gestión Comunitaria del Agua, que funcionará como un espacio de concertación entre el MVCT y las organizaciones comunitarias a nivel nacional. 

Uno de los puntos más llamativos del proyecto, es que pretende establecer un régimen jurídico dual para los GrCASB, diferenciando su tratamiento según el tipo de actividad que desarrollen. Cuando estas organizaciones prestan efectivamente servicios públicos domiciliarios de acueducto o alcantarillado, es decir, cuando suministran agua o gestionan aguas residuales directamente a los hogares de manera continua y organizada, deben regirse por la Ley 142 de 1994. En consecuencia, están sometidas a la regulación técnica y tarifaria de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), así como a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). En cambio, si su labor se limita a administrar sistemas comunitarios de aprovisionamiento de agua, como fuentes o infraestructuras locales para el acceso autónomo al recurso hídrico, sin configuración de servicio público domiciliario, no les aplica ese marco regulatorio, ni están sujetas al control de la SSPD. Esta diferenciación busca adaptarse a la realidad diversa de los territorios rurales y periurbanos, pero también genera retos importantes en cuanto a la articulación institucional, los estándares técnicos y las garantías de calidad y continuidad en el acceso al agua. 

En ese sentido, el proyecto de decreto incorpora un conjunto de disposiciones especiales orientadas a flexibilizar las exigencias normativas para los GrCASB, especialmente aquellos que prestan servicios públicos domiciliarios. Entre ellas esta, la creación reglas específicas sobre el uso del agua por parte de los GrCASB, permitiéndoles operar sin título de concesión en ciertos casos, siempre que cumplan con los requisitos ambientales establecidos. También, introduce la figura del plan de gestión, un instrumento que permite a estos gestores documentar cómo avanzarán hacia el cumplimiento progresivo de estándares técnicos y de calidad, sin que se les exijan de forma inmediata las condiciones plenas aplicables a operadores tradicionales. A su vez, propone la aplicación de reglas diferenciales en materia de regulación, reconociendo la necesidad de adaptar las obligaciones tarifarias, técnicas y contractuales a las capacidades reales de estas organizaciones. Finalmente, establece un régimen especial para las actividades de inspección, vigilancia y control, priorizando enfoques pedagógicos y de acompañamiento institucional por parte de la SSPD, en lugar de mecanismos sancionatorios tradicionales.  

Este proyecto también contempla la integración de la información de los GrCASB en el Sistema Nacional de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS), con el objetivo de mejorar la focalización de recursos y la planeación sectorial.  

En términos generales, el proyecto busca consolidar un modelo de gestión del agua más inclusivo, que reconozca la diversidad de formas organizativas en el territorio nacional y facilite su articulación con las políticas públicas del sector. No obstante, es importante tener en consideración que su implementación requerirá esfuerzos de coordinación institucional, fortalecimiento técnico y adaptación normativa a las condiciones locales. 

El proyecto de decreto fue publicado el 12 de junio de 2025 y estará habilitado para recibir comentarios hasta el lunes 30 de junio de 2025 en el siguiente link.