Ley de Rescate Económico: ¿qué cambia para el sector ambiental?
La discusión sobre el Proyecto de Ley 477 de 2026 se ha concentrado, como es natural, en sus efectos fiscales y tributarios. Sin embargo, el proyecto también contiene varias disposiciones con incidencia ambiental que merecen atención durante su trámite en el Congreso: el impuesto al carbono, la financiación de instrumentos ambientales, los incentivos tributarios, la reorganización del Estado y el régimen previsto para grandes inversiones.
Uno de los cambios más relevantes está en el impuesto nacional al carbono. El proyecto aumenta progresivamente su tarifa hasta 1,59 UVT por tonelada de CO₂ equivalente a partir de 2029 y limita al 25 % la no causación del impuesto para los sujetos que acrediten ser carbono neutro.
El cambio no es únicamente tarifario. El artículo 55 mantiene una destinación del 20 % del recaudo para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y conserva el Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (Fonsurec). Sin embargo, para este último prevé como fuentes recursos del Presupuesto General de la Nación que determine la ley, cooperación, donaciones, aportes públicos o privados y otros recursos que le sean asignados.
En consecuencia, el proyecto plantea una modificación relevante en la relación entre el recaudo del impuesto al carbono y la financiación ambiental, asunto que debería analizarse a la luz de las necesidades de financiación de la política climática.
Capacidad institucional y reorganización del Estado
La reforma también incluye medidas generales de austeridad y reorganización institucional. Para 2027 establece una reducción del 50 % en los costos asociados a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y, para 2028, dispone una disminución nominal del 20 % en los gastos de personal de las entidades que integran el Presupuesto General de la Nación. Adicionalmente, otorga al Presidente facultades extraordinarias durante seis meses para suprimir, fusionar o escindir ministerios y otras entidades nacionales, reasignar competencias y modificar sus estructuras y plantas. El articulado no establece una excepción general para las entidades ambientales.
Por ello, uno de los aspectos que convendría observar durante el trámite es la forma en que estas medidas se armonizarán con funciones que requieren capacidad técnica y operativa, como la evaluación de proyectos, el seguimiento y control ambiental y la administración de recursos naturales.
Transición energética e incentivos tributarios
Otro frente relevante es el de los incentivos asociados a la transición energética. El proyecto introduce cambios en el régimen del IVA que alcanzan, entre otros, a los vehículos híbridos y eléctricos, que dejarían de beneficiarse de la tarifa reducida del 5 %. A su vez, el listado de bienes excluidos mantiene el tratamiento aplicable a algunos productos energéticos y combustibles, entre ellos el gas natural, ciertas formas de carbón y el ACPM. En conjunto, estos cambios plantean la necesidad de revisar cómo se articulan las medidas tributarias propuestas con los objetivos de transición energética y descarbonización.
Grandes inversiones y reglas ambientales
Finalmente, el proyecto crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), dirigido a grandes inversiones en sectores que incluyen minería, hidrocarburos, energía, agua, saneamiento, infraestructura y transporte. El régimen contempla beneficios tributarios y estabilidad por 16 años.
En materia ambiental, la estabilidad prevista en el RUGE tiene límites claros: no cobija las normas ambientales ni las relacionadas con consulta previa y tampoco sustituye las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones que requiera cada proyecto. Por tanto, los beneficiarios del régimen continúan sujetos al cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicable.
El punto para seguir durante la discusión será entonces la articulación entre los compromisos de inversión y los procedimientos ambientales. Como regla general, los proyectos deberán ejecutar al menos el 40 % de la inversión comprometida durante los dos años siguientes a la inscripción del certificado de adhesión; para las alianzas público-privadas, el proyecto establece reglas especiales.
La Ley de Rescate Económico es esencialmente una iniciativa fiscal, pero sus efectos no terminan allí. Financiación ambiental, instrumentos económicos, capacidad institucional e inversión son cuatro asuntos ambientales que atraviesan el proyecto y que justifican seguir de cerca su discusión en el Congreso.
El reto estará en lograr que las medidas fiscales, tributarias e institucionales que finalmente se aprueben puedan convivir de manera coherente con las obligaciones ambientales del Estado y con las reglas que deben cumplir los proyectos de inversión.
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