La industria minero-energética: pilar de la soberanía energética y la estabilidad económica, hoy en rumbo incierto por la política pública

Desde distintas perspectivas sobre la transición energética, se ha hecho un llamado sensato durante este Gobierno para velar por la soberanía energética, en medio de la diversificación de la matriz energética y la implementación de energías limpias. Sin embargo, enfrentamos una crisis anunciada, derivada de una política de transición que ha excluido a la industria de hidrocarburos.

Como consecuencia, en 2024 únicamente se perforaron el 30% de los pozos proyectados y se redujeron los campos petroleros de 417 en 2019 a 342 en 2024, limitando nuevas oportunidades de exploración. La producción actual, cercana a 790.000 barriles diarios, proviene mayoritariamente de algunos campos, lo que evidencia la necesidad de reactivar operaciones.

La decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración ha desincentivado la inversión, debilitando la seguridad energética y fiscal, afectando la economía, el empleo y encareciendo el precio del gas. A pesar de este entorno adverso, la industria extractiva, como se le suele llamar, ha demostrado resiliencia y ha continuado operando, generando empleos y apostando por el país, a pesar de la falta de apoyo institucional.

En respuesta a los desafíos, el sector ha implementado tecnologías novedosas que reducen su huella de carbono y mejoran la eficiencia operativa, impulsando el desarrollo de campos existentes. Un ejemplo de su perseverancia, son los contratos entre ECOPETROL y PAREX RESOURCES para proyectos exploratorios en los Departamentos de Putumayo y Cundinamarca, con inversiones aproximadas de USD $400 millones, así como el descubrimiento de gas offshore en el Caribe Colombiano por parte de las sociedades PETROBRAS y ECOPETROL en el Bloque Tayrona en los pozos Sirius-1 y Sirius-2, con un potencial estimado de 6 TPC, que renueva las expectativas de autosuficiencia a mediano plazo.

Es urgente hacer un llamado al Gobierno y adoptar medidas regulatorias que equilibren la transición energética y permitan incentivar la reactivación de la industria de hidrocarburos, siendo la única manera de garantizar la seguridad energética y económica del país.