Catastro Multipropósito tiene un avance de más 40 % y con meta a diciembre de 60 %

Una de las banderas del gobierno Petro, impulsadas desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cabeza de Cecilia López, es incrementar la productividad de las tierras rurales. La estrategia consiste en que los dueños de predios en el campo que sean improductivos escojan entre venderle al Estado o pagar impuestos más altos.

“Eso no es a dedo, lo decide el dueño de la tierra cuando tenga el catastro multipropósito; lo vamos a acelerar en las zonas rurales para dejar de subestimar el valor de los predios y al acercarse a su valor comercial aumenta el impuesto”, anunció López en una visita a Cauca.

Pero, ¿qué es el catastro multipropósito y en qué va su desarrollo?. Es una iniciativa pública cuyo origen se remonta a 2016, la cual tiene como objetivo principal contrarrestar la desactualización de la información sobre el inventario inmobiliario y de tierras en el suelo urbano y rural.

“Los avances de esta iniciativa han generado gran incertidumbre sobre la realidad jurídica y física de la tierra, con efectos negativos no solo en las actividades de ordenamiento territorial, cuyos resultados se evidencian en el nivel de desarrollo económico y social de los departamentos, distritos y municipios, sino que también han impactado en la seguridad jurídica de quienes ostentan algún derecho sobre este tipo de bienes”, explicó Luis Miguel González, director del área de Derecho Inmobiliario de Pinilla, González & Prieto Abogados.

La ruta de implementación del catastro multipropósito ha transitado por dos partes, según lo establecido en el Conpes 3859 de 2016. La primera correspondió a una etapa piloto donde inició un proceso de tercerización y delegación de la gestión catastral y la identificación masiva predial.

Desde 2017 se inició la segunda fase, con la que se empezó el proceso de expansión de la metodología multipropósito considerando las oportunidades encontradas en la fase piloto, mediante las observaciones de mesas de expertos y verificando instrumentos de gestión contractual.

En 2019 y según las cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), la actualización catastral cerró en 2,25%, pero la meta era de 8,5%; en 2020 el dato llegó a 15,4%, cuando el objetivo era de 20,10%; durante 2021 alcanzó 19,5%, aunque el propósito era de 35,10%; y, con corte al 30 de junio, el número asciende a 40,31%, equivalente a 45,9 millones de hectáreas, con una meta para diciembre de este año de 60%.

El experto señaló que para gestionar con éxito los procedimientos catastrales, desbordan sustancialmente los tiempos normativos. “Creemos que esto obedece a la falta de entendimiento de las normas aplicables y a la falta de pedagogía a nivel nacional”.

Existen lugares donde el catastro multipropósito se encuentra en una fase incipiente y, para el éxito del sistema, se debe contar con información centralizada cuya actualización se realice con inmediatez conforme con las actividades de gestión catastral.

Los recursos de este mecanismo se financian a través de los ingresos corrientes de libre destinación y algunos provenientes del Sistema General de Participaciones. Las entidades territoriales pueden hacer uso del Sistema General de Regalías y recurrir a líneas de crédito público o a esquemas de cofinanciación entre sí.

En el marco del Primer Encuentro Nacional de Catastro Multipropósito y Administración del Territorio, Alejandra Botero Barco, exdirectora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), señaló que, para la implementación de esta política, 63% del área del país (71,8% millones de hectáreas) cuenta con distintas fuentes de financiación.

“El reto más importante de la actualización catastral ha sido el financiamiento, pues aparte de hacer una revisión de los costos y de los procesos, que inicialmente era de $5 billones para actualizar todo el país, según lo estimado en 2019, logramos bajarlo a $2,2 billones, a través de un ejercicio juicioso con el Igac, la Agencia Nacional de Tierras y el apoyo de los organismos multilaterales”, agregó Barco.

El abogado González señaló que el MinAgricultura desempeña un rol fundamental en este proceso. “Indudablemente, sin un sistema de información catastral actualizado, no será posible materializar garantías de seguridad jurídica como la formalización del derecho de dominio de los predios rurales, el saneamiento de títulos, y la identificación de los predios junto a sus titulares”, para el plan del Gobierno Petro.

Este avance se dio, en parte, por la descentralización del sistema, que a la fecha cuenta con más de 40 gestores catastrales, que cobijan a 281 municipios y otros 16 que cuentan con un contrato de gestoría.

‍