Balance normativo nacional y distrital en materia urbanística e inmobiliaria

En el contexto de la situación actual del sector urbanístico e inmobiliario, es importante analizar las novedades normativas en estas materias, tanto a nivel nacional como del Distrito de Bogotá, con miras a entender la dinámica del sector para lo que resta del año y los años inmediatos.

A más de un año de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo actual, muchos de los cambios prometidos en el sector no se han reglamentado completamente, retrasando su implementación. Este plan introdujo políticas importantes, especialmente en cuanto a vivienda de interés social y la modificación de las determinantes de ordenamiento territorial, donde se establecieron las áreas destinadas a la soberanía alimentaria, un tema que ha generado debate nacional.

Por un lado, en lo que refiere a la asignación de subsidios para vivienda de interés social, se pasó de un sistema sencillo que estaba operando de manera efectiva mediante la combinación del subsidio con el crédito hipotecario, a un sistema mucho más controlado que se orientó en la focalización de ciertos grupos familiares, sin verificar la capacidad de absorción de crédito y su condición frente al mercado. Así, en lugar de estimular el crecimiento, estas medidas han ralentizado la asignación de subsidios y la colocación de recursos, afectando la capacidad del sector para responder a la demanda de vivienda. En este escenario lo que se espera es que el gobierno rectifique su enfoque, buscando un régimen de subsidios que sea universal y fácil de aplicar, pero manteniendo controles en la focalización para asegurar su efectividad.

En cuanto a las APPA (áreas de protección para la producción de alimentos), la preocupación radica en que su inadecuada regulación puede comprometer el crecimiento de las ciudades y la producción de vivienda. La defensa de la soberanía alimentaria es vital, pero debe hacerse sin limitar el desarrollo urbano necesario para enfrentar problemas habitacionales históricos y futuros. Frente a esto, es esencial un diálogo concertado de actores que permita encontrar un equilibrio entre la protección de suelos agrícolas y el crecimiento ordenado de las ciudades.

Ahora, a nivel distrital, la nueva administración ha anunciado cambios normativos relevantes en su Plan de Desarrollo. Por un lado, está la meta de reglamentar adecuadamente las actuaciones estratégicas dentro del perímetro urbano, que son cruciales para el desarrollo de suelos destinados a vivienda, comercio y servicios, pero requieren una regulación que facilite su implementación, dada su extensión y complejidad.

Por otro lado, la Administración también está enfocada en el desarrollo de los proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible (PRUMS), donde se espera que una regulación efectiva promueva la habilitación de suelos alrededor de la infraestructura de transporte, pero que además se logren mejores y eficientes sistemas de financiación para la sostenibilidad del transporte público.

Por último, está el tema de los incentivos para la reactivación económica, cuya reglamentación es esencial a fin de poner en marcha nuevos proyectos inmobiliarios en la ciudad que hoy se encuentran en dificultades para alcanzar un cierre financiero, y requieren, por tanto, alternativas que mejoren estas condiciones.

En conclusión, se espera que la actividad reglamentaria en Bogotá y a nivel nacional avance en el corto plazo, facilitando la reactivación del sector urbanístico e inmobiliario, lo cual será clave para enfrentar los desafíos del sector.

Nota: este artículo se realizó con base en el video “Balance normativo y perspectivas en materia inmobiliaria y urbanística”, realizado por Juan Manuel González, en cooperación con MasterLaw. Ver más AQUÍ.