Áreas de Vida: un paso clave hacia la restauración ecológica en Colombia (Proyecto de resolución)

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha puesto a discusión pública el Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se reglamenta la Ley 2173 de 2021 y se dictan otras disposiciones”, un instrumento normativo que busca operacionalizar la creación de las denominadas Áreas de Vida en el país.

Estas áreas se conciben como espacios destinados a la restauración ecológica, mediante la siembra de especies nativas y la consolidación de bosques. Con ello, Colombia busca responder a compromisos internacionales de conservación, adaptación al cambio climático y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos relacionados con la protección de los ecosistemas terrestres (ODS 15), la gestión sostenible del agua (ODS 6) y la acción por el clima (ODS 13).

¿Qué establece el proyecto?

El texto reglamentario desarrolla aspectos esenciales de la Ley 2173 de 2021 y establece reglas concretas para su implementación:

• Identificación y delimitación de predios: Los municipios deberán abrir convocatorias para que propietarios privados o colectivos postulen predios como Áreas de Vida. Su creación se formaliza mediante acto administrativo respaldado en información cartográfica.

• Lineamientos técnicos: Las autoridades ambientales contarán con seis meses para expedir criterios de restauración adaptados a los ecosistemas presentes en su jurisdicción. Estos lineamientos deben estar articulados con el Plan Nacional de Restauración y los instrumentos de ordenamiento territorial.

• Obligaciones empresariales: Las medianas y grandes empresas deberán presentar programas de siembra anuales, con plazos, estrategias de mantenimiento y monitoreo de al menos dos años. Estos programas deben ser aprobados por las autoridades ambientales, que dispondrán de 45 días hábiles para su evaluación.

• Registro y monitoreo: Los municipios deberán reportar al Ministerio de Ambiente la información de cada Área de Vida a través del Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales – REAA. Además, deberán realizar censos forestales quinquenales para verificar el estado de avance en la restauración.

• Participación social y sectorial: El proyecto contempla la posibilidad de cumplimiento conjunto por parte de varias empresas, así como la inclusión de especies diversas como árboles, palmas, frailejones, guaduales, bambusales nativos, reconociendo la diversidad ecológica del país.

Implicaciones transversales para los sectores económicos

Este proyecto no se limita a un sector en particular, sino que establece un marco de acción que alcanza a todas las ramas de la economía. Industrias como la construcción, la energía, el transporte, la agroindustria, los servicios financieros y el comercio deberán incorporar estas obligaciones en su gestión ambiental y administrativa.

Más allá de su carácter normativo, el proyecto plantea un cambio cultural en la forma en que las empresas entienden su relación con el territorio: ya no basta con compensar impactos específicos de un proyecto, sino que se promueve una participación activa en la restauración de ecosistemas estratégicos a través de la creación y fortalecimiento de Áreas de Vida.

Un desafío jurídico y de gestión

Desde la perspectiva jurídica, el proyecto de resolución introduce un entramado de nuevas obligaciones que demandan del sector privado mayor planificación, trazabilidad y cumplimiento riguroso de plazos y procedimientos. Las obligaciones empresariales deberán ser integradas a los programas de sostenibilidad corporativa y a los sistemas de gestión ambiental.

Además, la norma refuerza la coordinación interinstitucional entre municipios, autoridades ambientales, propietarios privados y empresas, lo que requerirá capacidad de diálogo y gestión efectiva para evitar retrasos en la aprobación y ejecución de los programas de siembra.

Así, el Proyecto de Resolución sobre Áreas de Vida marca un hito en la reglamentación de la Ley 2173 de 2021 y constituye una pieza clave en la política de restauración ecológica en Colombia. Su alcance comprometería a todas las empresas medianas y grandes del país en un esfuerzo colectivo por recuperar ecosistemas, enfrentar el cambio climático y cumplir con los compromisos ambientales internacionales.

En este escenario, resulta fundamental que las compañías cuenten con asesoría jurídica especializada, que les permita comprender el alcance de estas nuevas obligaciones, anticipar riesgos de cumplimiento y convertir esta normativa en una oportunidad para fortalecer sus estrategias de sostenibilidad y de relacionamiento con las comunidades y autoridades.

El proyecto de resolución puede consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Ambiente, y está abierto a comentarios hasta el 12 de septiembre de 2025 en el este enlace.