Alcances del informe de la comisión de expertos en materia tributaria

La Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, creada a partir de la Ley 2010 del 2019 e integrada por expertos nacionales e internacionales, presentó el 18 de marzo sus hallazgos y recomendaciones. El informe parte de analizar el gasto que supone al Estado los beneficios tributarios actuales. En el impuesto sobre la renta, estos corresponden a 17,1 billones (1,6 % del PIB) y en impuesto sobre las ventas (IVA) a 51,6 billones (4,9 % del PIB), para un total de 69,1 billones de pesos (6,5 % del PIB).

Para la comisión, estos beneficios aunados a la estructura de tributación actual, con impuestos distorsionantes (por cuanto no se liquidan sobre utilidad) como el impuesto de industria y comercio (ICA) y gravamen a los movimientos financieros (GMF), generan un sistema inequitativo e injusto, por lo que se concluye que existe una necesidad de realizar reformas tributarias estructurales, que no se caractericen por atender problemas circunstanciales. La comisión resalta que estas reformas no se deben enfocar en incrementar la presión fiscal de los que a la fecha tributan, y destaca la relevancia de formalizar la economía y lucha contra la evasión, apuntando a un mayor recaudo de los contribuyentes que a hoy no tributan, y fortaleciendo los mecanismos de devolución de IVA y programas sociales.

Como principales fortalezas del sistema actual, la comisión destacó la implementación del Régimen Simple de Tributación (RST), en tanto medio idóneo para alcanzar la formalización de los contribuyentes, y el sistema de compensación de IVA en favor de la población en situación de pobreza (35,7 % de la población) y de pobreza extrema (9,6 %).

Las sugerencias primordiales se encaminan al desmonte de beneficios tributarios, dentro de los que se encuentran: en materia de renta de personas naturales, la revisión de la tributación de pensiones (exención actual: $36.308.000 mensuales), la eliminación de beneficios como la exención del 25 % de rentas laborales y la sustitución de las siete tarifas existentes por tres; para personas jurídicas, se sugiere evitar la reducción de impuestos e incentivar menores costos de inversión, fijar términos mínimos de permanencia entre el régimen ordinario y el RST, mantener el descuento de ICA mientras se elimina del sistema, declarar activos por valor comercial e implementar métodos para recapturar dividendos.

En materia de IVA, se resaltó la existencia de un número excesivo de bienes y servicios excluidos y exentos, exenciones que se deben limitar a canasta básica. La reducción de estos representaría una mayor base de recaudo, manteniendo esquema de compensación. Para gravar bienes de la canasta familiar que hoy tienen tarifa del 5 %, propone implementar tarifas diferenciales del 10 % o 12 %. Así mismo, gravar las inversiones y ventas de activos fijos y usados, y no tener un trato diferencial respecto a las zonas francas.

Por otra parte, plantea la necesidad de remplazar el ICA y la eliminación del GMF. Esto sumado a las recomendaciones para aumentar la producción de la agricultura, y seguir promoviendo la inversión extranjera.

Aun cuando la comisión tenía como objeto de estudio los beneficios tributarios y su impacto en nuestro sistema, persiste la necesidad de analizar profundamente fenómenos sociales y económicos que generan gran impacto en la tributación. Esto sucede con el caso de los no contribuyentes, haciendo referencia con ello no a los que no lo son en sentido técnico, sino a aquellos que en realidad no cumplen con el deber constitucional de contribuir, a causa, entre otras, de la informalidad amplia y evidente que reina en nuestra cultura.

De acuerdo con las cifras expuestas por Lisandro Junco, director de la Dian, en la presentación del informe, la tasa de informalidad laboral de noviembre del 2020 a enero 2021 fue de 49,2 % (Dane), y tres de cada cuatro empresas no están registradas ni pagan impuestos (Conpes 2019). Así mismo, aun cuando la evasión ha venido disminuyendo desde el 2017, en IVA es de 20,7 billones y en renta de personas jurídicas de 21,6 billones de pesos.

Sobre las recomendaciones, vale la pena reflexionar sobre si prescindir de algunos beneficios tributarios realmente propenden por un sistema tributario justo al sugerir, por ejemplo, la eliminación del 25 % de pagos laborales exentos cuando este puede compensar un poco los costos y gastos en que incurren los trabajadores; ello generaría una tributación sobre una base bruta y no neta como sucede con otros tipos de renta o la renta de las personas jurídicas. O, por otro lado, aumentar las tarifas en IVA de bienes que, aunque no sean considerados esenciales o canasta familiar, para muchos colombianos son literalmente “el pan de cada día”, como el chocolate de mesa, el café o la pasta sin cocer.

En realidad, el informe da unos pincelazos sobre lo que debería implementarse en nuestro sistema tributario de forma paulatina y técnica. La expectativa es entonces que el Gobierno Nacional acoja las recomendaciones y presente ante el Congreso de la República un proyecto de reforma que vaya más allá de contingencias del momento especialmente frente a la crisis económica generada por la pandemia, y se propongan cambios estructurales para alcanzar una economía estable y robusta, que fomente el empleo y la formalización, y que tenga como contrapeso la justicia, equidad y progresividad, ateniendo, por supuesto, a nuestra realidad.