Acuerdo de Escazú: análisis de acciones prioritarias
En esta infografía analizamos cinco acciones prioritarias propuestas para la implementación del Acuerdo de Escazú y su posible impacto en las empresas en Colombia.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó un proyecto de acciones prioritarias orientadas a implementar los artículos 3 al 10 del Acuerdo de Escazú en Colombia. Esta propuesta, que aún no ha sido adoptada, plantea lineamientos que podrían introducir nuevas obligaciones en materia de transparencia, participación ciudadana y acceso a la información ambiental, con efectos relevantes para las operaciones empresariales.
Actualmente, el proyecto se encuentra en consulta pública, y cualquier actor interesado puede presentar comentarios hasta el 19 de febrero, a través del siguiente enlace oficial del MADS:
👉 https://www.minambiente.gov.co/gobierno-convoca-consulta-publica-para-definir-hoja-de-ruta-para-imp…
¿Qué acciones prioritarias podrían afectar a las empresas?
El MADS propone cinco acciones que han generado preocupaciones en el sector empresarial:
- Promover el acceso a información sobre operaciones de empresas privadas.
- Incorporar el principio de no regresividad en las medidas normativas.
- Fortalecer el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC).
- Impulsar una política pública sobre pasivos ambientales.
- Adoptar mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales.
¿Cuáles son los principales riesgos identificados?
La propuesta sobre acceso a la información podría generar riesgos de vulnerabilidad competitiva, ante la divulgación de información sensible sin una delimitación clara del secreto comercial. La incorporación del principio de no regresividad plantea riesgos de inseguridad jurídica, en la medida en que nuevos estándares ambientales podrían llegar a aplicarse a proyectos en curso.
El fortalecimiento del SIAC podría implicar costos operativos adicionales, especialmente para las PyMEs que no cuentan con infraestructura técnica suficiente. En cuanto a los pasivos ambientales, la propuesta presenta el riesgo de asignar la totalidad de la responsabilidad a las empresas, sin reconocer el papel histórico del Estado en la ausencia de regulación y control.
Finalmente, los mecanismos de participación ciudadana podrían traducirse en mayores tiempos y cargas procedimentales, afectando proyectos que requieren decisiones administrativas oportunas.
¿Qué recomendaciones se proponen para proteger la seguridad jurídica?
Se recomienda definir expresamente qué información no está sujeta a divulgación pública, garantizar la aplicación prospectiva de nuevos estándares ambientales, diseñar un SIAC modular y escalable, y avanzar hacia una política de pasivos ambientales equitativa, basada en la corresponsabilidad público-privada.
En materia de participación ciudadana, es clave establecer reglas claras y predecibles, que aseguren una participación efectiva sin paralizar decisiones administrativas necesarias para proyectos estratégicos.
¿Necesita asesoría?