Actualidad normativa en la gestión del agua

Cristo Pérez, abogado Ambiental PGP, participó como panelista en el evento de la ANDI: “Agenda de actualidad normativa ambiental”, un espacio diseñado para analizar las transformaciones regulatorias que impactan la gestión del recurso hídrico en el sector productivo. La disponibilidad y el acceso al recurso hídrico han dejado de ser un asunto puramente técnico para convertirse en un factor que determina la viabilidad operativa de cualquier proyecto industrial o minero-energético. La regulación colombiana atraviesa un periodo de transición donde convergen nuevas políticas de justicia hídrica, exigencias tarifarias más estrictas y una redefinición de los usos permitidos, lo que obliga a las empresas a estructurar estrategias legales preventivas frente a la gestión del agua.

¿Cómo afecta el cambio de visión gubernamental la gestión del agua?

Las normativas recientes reflejan un giro en la concepción del recurso. Mientras políticas anteriores se concentraban en la conservación, la justicia hídrica y el ordenamiento territorial alrededor del agua, el enfoque actual integra el potencial del recurso para actividades productivas. Este cambio exige que los proyectos productivos ajusten sus modelos operativos para equilibrar la extracción y el aprovechamiento con los nuevos estándares de protección, entendiendo que el uso del agua se acompaña de criterios de sostenibilidad.

¿Cuáles actividades configuran la utilización del agua y exigen concesión?

La legislación nacional califica como aguas de uso público a los ríos, cauces, aguas subterráneas, atmosféricas e incluso aquellas que ya han sido utilizadas. Su aprovechamiento requiere la expedición de un acto administrativo previo. Toda extracción directa, retención temporal o desviación del curso natural del agua para fines industriales, mineros, agrícolas o de generación de energía requiere una concesión otorgada por la autoridad ambiental. Operar sin este respaldo jurídico genera la paralización de las actividades y la imposición de sanciones. La obtención del permiso exige la aprobación de las obras hidráulicas necesarias para la captación, conducción y restitución del líquido.

¿Qué condiciona el suministro del recurso hídrico concedido?

La titularidad de una concesión autoriza el uso del agua, aunque el suministro depende por completo de la disponibilidad del recurso. Cuando causas naturales reducen la oferta hídrica, el Estado no asume responsabilidad frente a la imposibilidad de mantener el flujo autorizado. Ante escenarios de escasez o conflicto, la precedencia cronológica del permiso no otorga prioridad. El abastecimiento humano ocupa el primer lugar en la pirámide de prelación, desplazando a los usos agropecuarios, de generación de energía y, en última instancia, al uso industrial.

¿Cuál es la diferencia legal entre el reúso y la recirculación de aguas?

La categorización del manejo de efluentes determina la carga regulatoria aplicable. El reúso implica destinar aguas residuales tratadas a fines agrícolas o industriales con contacto al suelo, un proceso que demanda tramitar una concesión de aguas residuales. La recirculación ocurre dentro de la misma instalación y por el mismo usuario generador, destinando el líquido a operaciones como el lavado de infraestructura, redes contra incendio o el riego de vías internas, sin contacto con el suelo ni generación de escorrentía. Esta figura excluye la obligación de tramitar una autorización ambiental adicional. Una errada clasificación de estos procesos desencadena expedientes sancionatorios por vertimientos al suelo sin permiso.

¿Cómo impactan las nuevas regulaciones ambientales la estructura de costos operativos?

La expedición del Decreto 1553 de 2024, vigente desde 2025, regula el cobro de la tasa retributiva por vertimientos puntuales, estableciendo un factor regional único e incluyendo nuevos sujetos activos. Quien contamina paga un tributo calculado sobre la carga contaminante vertida, lo que ejerce presión financiera para invertir en sistemas de saneamiento. A esto se suma el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos de 2026, el cual unifica los criterios técnicos de aforo y muestreo a nivel nacional, obligando a los generadores a estructurar informes de resultados precisos ante la autoridad ambiental para sustentar la carga declarada. Sentencias recientes como la T-529 de 2025 de la Corte Constitucional imponen reglas de protección estricta, estableciendo la franja mínima de treinta metros alrededor de cuerpos de agua frente a la ausencia de acotamiento técnico institucional.

Las variables analizadas reconfiguran el escenario de cumplimiento normativo para la industria. La transición hacia el reconocimiento legal de gestores comunitarios de agua y la adopción de la Política Nacional del Agua 2026-2050, que eleva el recurso a eje central del ordenamiento territorial, añaden variables regulatorias a la operación. La necesidad de estructurar balances hídricos, auditar la liquidación de tasas retributivas y mitigar el riesgo sancionatorio ante las corporaciones autónomas regionales exige un control riguroso de la operación corporativa. PGP Abogados diseña e implementa la estrategia jurídica aplicable a las obligaciones hídricas de su compañía, asegurando el cumplimiento técnico y la continuidad de sus proyectos frente al actual marco normativo.