2025: ¿Avances reales o nueva fragmentación normativa en materia de compensaciones ambientales?

Sara Isabella Yara Rodríguez, abogada del área Ambiental de PGP, analiza en Lexir cómo las recientes actualizaciones normativas en compensaciones ambientales revelan una tensión estructural del sistema: el proyecto de Manual nacional del Ministerio de Ambiente busca mayor rigor técnico, pero la Resolución 284 de 2025 de la CAR muestra que las autoridades regionales continúan trazando caminos propios. Este artículo desmenuza las implicaciones jurídicas y prácticas de estas regulaciones paralelas.

Ideas clave del artículo:

• El proyecto de actualización del Manual de Compensaciones del Componente Biótico intenta corregir vacíos técnicos de la Resolución 256 de 2018, pero incrementa las exigencias y los riesgos de incumplimiento para los titulares de proyectos.
• La Resolución 284 de 2025 de la CAR de Cundinamarca establece metodologías y criterios propios que, aunque buscan claridad regional, generan diferencias de obligaciones según el territorio.
• La multiplicación de normas regionales diferenciadas amenaza con fragmentar el sistema nacional y aumentar la incertidumbre jurídica para empresas y consultores.
• Colombia avanza en sofisticación técnica de compensaciones ambientales, pero no ha logrado consolidar un régimen coherente y predecible entre el nivel nacional y el regional.

¿Qué problemas de la Resolución 256 de 2018 busca resolver el nuevo Manual de Compensaciones del Componente Biótico?

El proyecto de actualización del Manual nacional responde a fallas operativas detectadas durante años de implementación de la Resolución 256 de 2018. El artículo explica que, aunque este instrumento introdujo avances conceptuales importantes como la jerarquía de mitigación y la equivalencia ecosistémica, la práctica evidenció diferencias metodológicas entre autoridades, dificultades para definir áreas de compensación, vacíos técnicos significativos y un rezago considerable en el cumplimiento de obligaciones por parte de los titulares.

Las correcciones propuestas apuntan a mayor precisión técnica: el proyecto endurece la equivalencia ecosistémica, exige definiciones más detalladas de ecosistemas de referencia y de impactos residuales, establece criterios más estrictos sobre dónde y cómo compensar con énfasis en cercanía al área afectada, e introduce mecanismos para evitar la especulación predial. Además, amplía y regula mejor las alternativas disponibles, desde bancos de hábitat hasta pagos por servicios ambientales, y establece requisitos más rigurosos para aprobar y modificar planes de compensación. El análisis advierte que estos cambios, aunque fortalecen el sistema en teoría, también incrementan las cargas técnicas y los riesgos de incumplimiento para quienes deben ejecutar las compensaciones.

¿Puede una autoridad ambiental regional crear sus propias reglas de compensación sin afectar el sistema nacional?

La Resolución 284 de 2025 de la CAR de Cundinamarca plantea precisamente este dilema jurídico. El artículo señala que esta norma crea términos de referencia propios, metodologías de cálculo específicas y reglas particulares para la imposición y cierre de compensaciones, amparándose en el principio de rigor subsidiario. La resolución incluye metodologías específicas para concesiones de agua y aprovechamientos forestales, incorpora nuevas alternativas como reservorios e infraestructura hidráulica, y establece criterios propios para demostrar equivalencia ecológica a nivel de subzona hidrográfica.

El análisis jurídico identifica el problema central: aunque estas medidas pueden aportar claridad dentro de la jurisdicción de la CAR, generan que proyectos similares enfrenten obligaciones distintas dependiendo del territorio en que se ubiquen. El texto cuestiona directamente hasta dónde pueden diferir las autoridades regionales del marco nacional sin comprometer la coherencia del sistema, señalando que esta diferenciación territorial aumenta la incertidumbre jurídica para los operadores.

¿Qué riesgos enfrentan las empresas con la actual fragmentación normativa en compensaciones ambientales?

El artículo identifica dos riesgos principales derivados de la actividad regulatoria de 2025. Primero, la creciente complejidad técnica de los instrumentos nacionales exige capacidades especializadas que no todas las autoridades ambientales poseen, lo cual puede derivar en aplicaciones inconsistentes o interpretaciones divergentes de las mismas normas. Segundo, la multiplicación de normas regionales con criterios propios fragmenta aún más el sistema, creando un mosaico regulatorio donde las obligaciones dependen del territorio específico del proyecto.

El análisis concluye que el país no ha consolidado un régimen de compensaciones coherente y predecible, señalando que falta una articulación real entre lo nacional y lo local. Para empresas y consultores, el desafío ya no consiste únicamente en cumplir con obligaciones de compensación, sino en navegar un marco regulatorio cada vez más dinámico y territorialmente diferenciado, lo que exige mayor capacidad técnica y jurídica para anticipar y gestionar obligaciones variables según la autoridad competente.

El panorama regulatorio de 2025 en compensaciones ambientales deja avances técnicos innegables pero también interrogantes estructurales sin resolver. La práctica jurídica ambiental deberá estar atenta a la evolución de estas normas durante 2026 para determinar si logran armonizarse o si, por el contrario, profundizan la dispersión normativa obligando a nuevos ajustes.

Para profundizar en el análisis completo sobre las implicaciones jurídicas del proyecto de Manual nacional y la Resolución 284 de 2025 de la CAR, consulte el artículo original publicado en Lexir.